La Agencia Tributaria está «dispuesta a escuchar» propuestas para conseguir la vía más beneficiosa para Administración y contribuyente: el cobro máximo y la viabilidad de la empresa.

«La Agencia Tributaria (AEAT) está dispuesta a negociar quitas con las empresas que acudan con un plan de pago en firme». Así lo aseguró ayer la directora de Recaudación de la AEAT, Soledad García, en una jornada sobre la reforma concursal que se celebró en el Ministerio de Economía. García valoró positivamente el Decreto concursal que, por primera vez, extiende a Hacienda y a la Seguridad Social los efectos del convenio, pero fue aún más lejos y anunció que está «dispuesta a escuchar» propuestas de quitas y negociaciones previas siempre con el debido compromiso de no comprometer la senda del déficit de las arcas públicas y desde la ponderación de conseguir la vía más beneficiosa para la Administración y el contribuyente: es decir, el cobro máximo y la viabilidad de la empresa. Este anuncio puede propiciar un aluvión de visitas a la AEAT desde hoy mismo, según alertaron complacidos empresas y abogados presentes.

Así, la directora de Recaudación de la AEAT coincidió con el resto de integrantes de la mesa de debate en que la inclusión de los acreedores públicos en el Decreto no es una medida meramente cosmética. Ángel Alonso, socio de Uría Menéndez; Leticia Gayo, directora de los Servicios Jurídicos de Negocio de España de BBVA, y Bernardo Aguilera, director adjunto al secretario general de CEOE, consideraron que esta reforma acaba con una etapa en que «Hacienda y Seguridad Social estaban de espaldas al concurso» y que es «una llamada a la negociación previa».

El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, se mostró dispuesto a analizar la propuesta de Alonso de que la cuantía de crédito reconocida a los acreedores públicos se mantenga en todas las circunstancias del proceso, incluida la liquidación.

Además, Temboury anunció que el Gobierno ha decidido regular de forma definitiva el acuerdo extrajudicial y homogeneizarlo con los preconcursales y concursales, medida que se incluirá en las enmiendas en el Congreso, cuyo plazo acaba el próximo jueves aunque podría ampliarse.

Respecto a la novedad del Decreto concursal de que el comprador de una empresa en dificultades heredará su deuda con la Seguridad Social, el representante de CEOE la consideró «abusiva» y pidió que sea el juez quien tome la última decisión. Sin embargo, Temboury reveló que el legislador no tiene intención de modificar la medida, que atribuye a la necesidad de luchar contra el déficit y de prevenir el fraude de quienes vendían su empresa para recomprarla libre de cargas.

La representante de BBVA valoró «muy positivamente» el Proyecto Fénix o banco malo privado de deuda empresarial que ha alentado la reforma, aunque admitió que avanza de forma muy lenta.

Sobre la transitoriedad del fresh money, Temboury aclaró que supone un plazo global de cuatro años. El resto de ponentes abogaron por que se trate de una medida de duración «indefinida». El subsecretario subrayó que el Decreto concursal no es una camisa ad hoc para el concurso de las autopistas. Por último, avanzó que en el primer trimestre de 2015 culminarán los desarrollos normativos que regulan los nombramientos y retribuciones de la Administración Concursal y que se prevé armonizar los Decretos en un texto refundido.

Críticas

En esta línea, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que el Gobierno introducirá algunos cambios en la Ley Concursal durante el trámite parlamentario después de escuchar la opinión de los expertos que, si bien valoran de manera positiva algunas medidas, entienden que hay «cierto grado de descoordinación».

Durante la clausura de la jornada, Catalá destacó que el Ejecutivo no puede permanecer «insensible» a estas reflexiones y analizó con detalle las recomendaciones del FMI y la Comisión Europea. El ministro marcó tres líneas de trabajo: regular los acuerdos extrajudiciales de pagos, simplificar el proceso y mejorar la regulación de la Administración Concursal.

Así, dijo, no se puede asumir una lista de administradores concursales que alcancen los 50.000 miembros «cuando solo la décima parte de ellos han acreditado que han gestionado previamente un procedimiento concursal».

El discurso de Catalá se produjo después de que representantes de la academia y de los juzgados de lo Mercantil criticaran que no haya más colaboración interministerial en la preparación de estas reformas, que consideraron «mal redactadas» y que plantean numerosas dudas que pueden tener un impacto económico negativo. «Más impacto tendría no hacerlas», aseguraron desde un bufete.